- La propuesta legislativa busca sancionar las expresiones públicas denigrantes, la incitación pública a la discriminación o violencia, el negacionismo agravado y la difusión de materiales asociados a estas expresiones.
- El congresista reconoció que la iniciativa abrirá un debate “agudo e intenso”, pero llamó a encarar una discusión “necesaria”: “En tiempos de profunda polarización política, los límites del respeto y de lo tolerable son presionados día a día”.
- El legislador apunta a subsanar un pendiente de la legislación antidiscriminación en Chile, donde los agravios por la vía del discurso, la violencia simbólica y su difusión, no cuentan con sanciones autónomas. “Estamos al debe. Es necesario poner al país en el estándar de la OCDE y la tendencia internacional”, sostuvo.
Esta semana, el senador Francisco Huenchumilla ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal, con el objetivo de tipificar la emisión de expresiones públicas humillantes, denigrantes o vejatorias contra las personas y la incitación pública al odio.
Al respecto, el parlamentario explicó que entre la normativa vigente en la materia “está la Ley Zamudio N° 20.609, y las modificaciones que de ella derivaron en el Artículo 12 Nº21 del Código Penal, según las cuales un Tribunal evalúa si un delito (homicidio, lesiones, secuestro) fue cometido, o se participó de él con motivaciones ideológicas, de opinión política, religión o creencias, nación, raza, etnia o grupo social, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad”, adelantó el legislador.
“Esos son grandes avances, pero todavía insuficientes para las exigencias actuales (…) la Ley Zamudio sanciona los actos de discriminación con multa máxima de 50 UTM, pero no existen tipos penales autónomos ni para la incitación pública al odio, ni para actos o atentados graves contra la dignidad e igualdad –como sería, por ejemplo, la injuria racial– lo que hace menos eficaz el combate de la discriminación y la violencia”, subrayó.
EXPERIENCIA INTERNACIONAL: DERECHO COMPARADO
Para fundar la iniciativa, el legislador por La Araucanía examinó en extenso la tendencia de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la tipificación de este delito suele ser autónoma.
“Si miramos el derecho comparado, países como Alemania, España, Reino Unido, Canadá, Colombia o México contemplan catálogos específicos donde el bien jurídico protegido es el honor individual, la dignidad humana y la igualdad como un valor constitucional orientado a preservar la paz social”, profundizó el senador.
El congresista, por ejemplo, citó como referente el artículo 130 del Código Penal alemán, o el 510 del ordenamiento español, figuras que sancionan con penas de cárcel no solo la incitación directa al odio o la violencia, sino también la producción y difusión de material discriminatorio y el negacionismo agravado de genocidios o crímenes de lesa humanidad.
“En Chile, es evidente que existe un “bien jurídico” a reforzar. En la actualidad, nuestro ordenamiento tipifica los delitos de injurias y amenazas, cuyo bien jurídico a proteger es el honor o la integridad de la persona; pero que en la práctica resultan totalmente genéricos para salvaguardar la igualdad en su dimensión colectiva: de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de las diversidades sexuales, etcétera. Pero en el mundo es todo lo contrario: la tendencia es tipificar, en acápite específico, las conductas contra la dignidad y la igualdad”, subrayó el legislador.
PROYECTO Y DESAFÍO
En concreto, el proyecto presentado por el senador busca incorporar un nuevo párrafo al Código Penal denominado “De los delitos de atentados graves contra la dignidad y la igualdad e incitación pública al odio”.
“El nuevo tipo penal, entonces, sancionará: Las expresiones públicas gravemente humillantes, denigrantes o vejatorias contra un grupo determinado, o contra una persona por su pertenencia a él, con fundamento en motivos discriminatorios; la incitación pública al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia por dichos motivos; el negacionismo agravado de genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra; y la producción o difusión de material sobre ello”, explicó.
Sobre las penas, el senador detalló que “en el caso de expresiones públicas graves, se plantea presidio menor en grado mínimo a medio más multa; en el caso de la incitación al odio, o negacionismo agravado, se propone presidio menor en grado medio a máximo, más multa”.
El parlamentario, sin embargo, se mostró consciente del desafío político. “Esta iniciativa despertará un debate agudo, exigente y posiblemente intenso en el Congreso, por ejemplo, al abordar el negacionismo de crímenes de lesa humanidad en función de nuestro pasado reciente; o por ejemplo, en la controversia sobre los cargos por incitación al odio que enfrenta un ciudadano chileno, por ofender a pasajeros y tripulación en un vuelo a Brasil”, reconoció.
“Es el momento de que, como sociedad entera, encaremos una conversación tan necesaria. Son tiempos de profunda polarización en la política y el debate público, donde los límites de lo que hasta ahora considerábamos tolerable son presionados día tras día. La aprobación de un proyecto de esta naturaleza nos pondría a la par con la sensatez y la civilidad de las democracias que tomamos como referente en el mundo, y sería una herramienta más para cuidar la paz social”, concluyó.