Otras dos personas fueron acusadas de comprar las mismas y también quedaron con la drástica medida cautelar.
Un funcionario de Carabineros, que trabajaba en la Cenco Malleco, en la ciudad de Angol, quedó en prisión preventiva este jueves luego que fuera imputado como autor del delito de tráfico de municiones, esto por vender las mismas de forma ilegal a otras dos personas, quienes también fueron formalizados y quedaron con la misma medida cautelar.
Según informó hace pocos minutos el Ministerio Público, el funcionario de Carabineros, Carlos Muñoz, de 34 años, fue imputado del delito de tráfico de municiones y tenencia ilegal de las mismas; este organismo agregó que las otras personas formalizadas son los hermanos Alejandro y José Navarrete, quienes fueron imputados por delitos contemplados en la Ley de Armas, por comprar las municiones al funcionario policial.
Este medio conoció también que la institución de Carabineros dio de baja a este funcionario imputado.
Detalles al respecto entregó la vocera del Ministerio Público, Nelly Marabolí, quien indicó que en el marco de una investigación por tráfico de drogas, personal del OS7 de Carabineros tomó conocimiento de que un miembro activo de la institución se estaría dedicando, eventualmente, a vender de forma ilegal municiones a otras personas, que las utilizaban principalmente para labores de caza mayor.
“Es así que desde agosto del año 2021 se realizaron diversas diligencias investigativas, tales como intercepciones telefónicas, lo cual permitió el día de ayer gestionar, realizar la detención de tres personas y allanar diversos domicilios, lo que permitió incautar una gran cantidad de municiones e incluso armas de fuego”, dijo la vocera del Ministerio Público.
Marabolí agregó que el carabinero a parte del ilícito de tráfico de municiones fue formalizado por tenencia ilegal de las mismas, al tener de un calibre distinto al que estaba autorizado.
Por último, la vocera indicó que la Fiscalía de Angol solicitó la prisión preventiva para los tres, lo cual fue acogido por el Tribunal, que decretó tres meses para investigar. (Fotografía: captura de pantalla video enviado por el Ministerio Público)