Indagan defraudación de $720 millones en iniciativa para favorecer a mujeres; ya hay dos personas en prisión preventiva, imputadas de administración desleal y lavado de activos.
LA ARAUCANÍA.- Allanamientos en dependencias del Gobierno Regional de La Araucanía y en domicilios de al menos tres de sus funcionarios, indagados en una investigación por el traspaso de 720 millones de pesos a dos fundaciones que tenían que ejecutar proyectos en beneficio de mujeres Temuco y Padre Las Casas, efectuaron el viernes detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Las diligencias fueron efectuadas en el noveno piso del edificio de la Gobernación Regional de La Araucanía, en Temuco, en el marco de la investigación que la Fiscalía de Alta Complejidad realiza por el traspaso de $720 millones a las fundaciones Educc y Folap, las que cuales abandonaron las iniciativas de capacitación que tenían que ejecutar en beneficio de mujeres; en este caso hay dos personas, que no son funcionarios públicos, formalizadas por los delitos de administración desleal y lavado de activos, y en prisión preventiva.
DELITOS FUNCIONARIOS
En un punto de prensa, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que los allanamientos se justifican debido a que en la investigación hay antecedentes que permitirían dar cuenta de delitos funcionarios.
“Se solicitó una autorización judicial para realización de medidas intrusivas, diligencias de entrada y registro en oficinas y en domicilios de funcionarios públicos, por cuanto durante el desarrollo de la investigación se ha logrado determinar que existen antecedentes que permitirían dar cuenta de la comisión de delitos funcionarios, es decir de personas vinculadas precisamente con la tramitación, la aprobación y la supervisión de los proyectos que, eventualmente, incurrieron en hechos ilícitos”, dijo el fiscal regional.
Garrido agregó que las diligencias se solicitaron no sólo para las oficinas, sino también para instrumentos tecnológicos como celulares y computadores que estaban en poder de algunos funcionarios públicos, y también de sus domicilios, “lo que buscamos son ratificar algunos antecedentes que ya hemos recabado respecto de la participación de estos funcionarios en eventuales delitos, que pudieran ser los delitos de cohecho o negociación incompatible”.
El fiscal regional puntualizó que son cuatro los funcionarios públicos que están siendo investigados por los eventuales delitos de cohecho y negociación incompatible, y también para ver su tuvieron alguna participación en los ilícitos de administración desleal y lavado de activos, por los cuales otras dos personas están en prisión preventiva.
Consultado el fiscal Garrido si uno de los cuatro investigados es un funcionario de confianza del gobernador regional, Luciano Rivas, indicó que por la reserva de la causa no podía entregar esa información.
SITUACIÓN DEL GOBERNADOR
Ante otras consultas, el fiscal regional indicó que en la investigación de estas dos fundaciones el gobernador Rivas presentó una querella y no tiene calidad de imputado; luego dijo sí la tiene en otra causa, en que también se investiga el traspaso de dineros a otras fundaciones, ya que en esa se presentó una denuncia directamente en su contra y por ese sólo hecho adquiere esa calidad.