Se aplicó Ley Aula Segura a 4 alumnas y dos alumnos por violentas agresiones; otras dos liceanas recibieron sanción de cancelación de matrícula para fines de 2026.
ANGOL.- La aplicación de la Ley Aula Segura en el Liceo Bicentenario Enrique Ballacey culminó con la expulsión de 6 estudiantes, cuatro damas y dos varones, y la cancelación de la matrícula de otras dos alumnas, tras una serie de violentos incidentes registrados en una jornada de clases en mayo pasado.
Así lo informó el director del establecimiento, Luis Gallardo, quien calificó lo ocurrido como uno de los episodios más complejos enfrentados por la comunidad educativa.
Explicó, que los hechos se produjeron en el horario de almuerzo y se desarrollaron en forma consecutiva. Inicialmente, tres alumnas agredieron a una compañera. Mientras se atendía esa situación, se produjo una segunda pelea entre dos estudiantes varones, la que, según el directivo, alcanzó niveles de violencia inéditos para este Liceo.
Posteriormente, otros alumnos se involucraron intentando defender a sus compañeros, mientras que una apoderada agredió físicamente a otra al interior del recinto educacional, siendo detenida por Carabineros. Más tarde se registró una cuarta agresión protagonizada por dos estudiantes mujeres.
PROTOCOLOS
Ante la gravedad de los hechos, el Liceo activó los protocolos de seguridad, realizó las denuncias y aplicó el procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura (N°21.128).
Tras la investigación interna y el proceso de apelación establecido por la normativa, el Liceo resolvió la expulsión de cuatro alumnas y dos alumnos, mientras que otras dos estudiantes fueron sancionadas con la cancelación de matrícula al término del año escolar 2026. Dos varones fueron absueltos y se les aplicó el reglamento interno.
CONTEMPLA
Gallardo explicó que la legislación contempla únicamente dos sanciones finales: expulsión o cancelación de matrícula. Asimismo, indicó que tres estudiantes presentaron recursos de apelación, los que fueron revisados conforme al procedimiento legal vigente.
El director sostuvo que la decisión se fundamentó en la gravedad de los hechos y en el impacto que estos provocaron en la comunidad educativa, integrada por cerca de 860 estudiantes, además de docentes, asistentes y apoderados.
Una vez concluido el proceso, los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Educación para su revisión y gestionar la reubicación de los estudiantes expulsados en otros establecimientos, como establece la normativa.
SEREMI
El seremi de Educación de La Araucanía, Aaron Ríos, señaló a Malleco7 que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, precisando que quienes fueron sancionados pueden reincorporarse al sistema educativo, ya sea municipal o particular subvencionado, conforme a lo establecidos por la ley.
Agregó que los padres y apoderados cuentan con mecanismos de apelación frente a las medidas disciplinarias aplicadas por los establecimientos educacionales, resguardando así el debido proceso.
Señaló que “la expulsión no es la medida que promovemos como sistema, dado que nuestra prioridad es la permanencia y reinserción de los estudiantes. Sin embargo, es una medida excepcional contemplada en la normativa para situaciones graves, siempre resguardando el debido proceso y el derecho a la educación”, indicó.