Lo señaló en Angol el fiscal regional, Roberto Garrido; también planteó que Ley Antiterrorista exige estándares probatorios excesivamente altos, y que es necesario potenciar Ministerio Público y policías para enfrentar ilícitos en el ámbito rural.
MALLECO.- Este año ha sido el con más imputados en prisión preventiva y condenados por delitos de violencia rural en La Araucanía con 109 casos, así lo señaló en Angol el fiscal regional, Roberto Garrido Bedwel, quien explicó que estos ilícitos mayoritariamente no se han calificado como terroristas porque la ley exige estándares probatorios excesivamente altos, por lo que se mostró partidario de actualizarla. También reconoció que es necesario potenciar al Ministerio Público y a las policías para investigar estos delitos, que no superan el 3% del total denunciado en la región, sin embargo, se les asigna un 25% de los recursos de la Fiscalía.
En entrevista exclusiva con Malleco7, al fiscal regional se le consultó si estos delitos este año han aumentado, disminuido o seguido igual en relación al 2021, respondiendo que hay que esperar el termino del año para hacer una comparación y que diversos actores entregan cifras distintas porque consideran aspectos disímiles; agregó que para el Ministerio Público deben analizarse en periodos extenso; sí reconoció que desde el año 2.000, cuando se creó este organismo, estos han aumentado y se han vuelto más violentos, incluso con armas de fuego con munición de guerra.
ESTE AÑO
Al plantearle al fiscal que la Multigremial de La Araucanía ha dado a conocer que sólo el 1% de quienes cometen estos delitos son formalizados, dijo que las cifras dependerán de los puntos de comparación, pero sí podía informar que este año ha sido el con mayor número de condenados e imputados en prisión preventiva: “Hoy tenemos cerca de 60 personas que están imputadas, la mayoría en prisión preventiva y con acusación presentada”; esto demuestra que cuando está bien coordinada la labor de las policías con el Ministerio Público se pueden obtener resultados a pesar de las dificultades importantes de estas investigaciones, aseguró.
El fiscal se refirió a 59 imputados en prisión preventiva por delitos como incendio, homicidios, secuestro, homicidio frustrado a carabineros, robos violentos de vehículos, tráficos de drogas e infracción a la ley de armas. Por este tipo de ilícitos este año han sido condenadas 50 personas.
En todo caso, en el Ministerio Público saben que estos hechos generan mucha preocupación y que tienen que aumentar la eficacia en la investigación, dijo el fiscal.
Al plantearle que un número importante de estos delitos quedarán en la impunidad, dijo que el sistema de justicia criminal no puede dar respuesta a todos los cometidos, pero el Ministerio Público y las policías deber orientarse a esclarecer la mayoría.
POTENCIAR ORGANISMOS
Requerido si el Ministerio Público y las policías cuentan con los recursos para investigar la gran cantidad de delitos de la violencia rural, dijo que han planteado a las autoridades la necesidad de equipos periciales de primer nivel y permanentes y reforzar a este organismo en dotación y profesionales para perseguir fenómenos criminales más complejos.
“Es necesario reforzar a las policías y al Ministerio Público en cuanto a la cantidad y a la calidad de los medios con que se cuenta para poder hacer un trabajo más eficiente, el trabajo que hoy realizan las policías es muy comprometido, de mucha vocación, pero hemos comprobado en las investigación de algunos casos que carecen de los recursos necesarios como para poder ser más rápidos y más efectivos”.
DELITOS TERRORISTAS
Al plantearle al fiscal Garrido que diversas autoridades y gremios aseguran que muchos de estos delitos son terroristas y al consultarle por qué en la gran mayoría la Fiscalía no los imputa como tal, dijo que la Ley 18.314 Antiterrorista para calificarlos así exige una estándar probatorio que, a su juicio, es excesivamente alto, por lo que cuando estiman que lo han logrado los tipifican así y en los demás, para ser eficientes en la persecución, lo hacen por ilícitos contemplados en la legislación común, que también considera penas altas de privación de libertad.
El fiscal dijo que han planteado la necesidad de revisar la legislación antiterrorista “para establecer parámetros, estándar probatorios que se ajusten a la realidad y que no sean prácticamente una prueba imposible” y para que entregue herramientas investigativas que hoy no tiene Ley 18.314, al no contemplar medidas distintas a las de la legislación común, la cual incluso da mejores posibilidades, por ejemplo, para indagar delitos de narcotráfico.
DETENCIÓN DE LLAITUL
Consultado por la detención de Héctor Llaitul y su hijo, dijo que lo más relevante es que cuando la Fiscalía imputa a personas que cometen delitos lo hace para reafirmar la vigencia del estado de derecho como forma de convivencia que asegura a todas las personas la misma protección ante la ley, y para perseguir los delitos sea quien sea que los cometa, esto con irrestricto respeto por los derechos fundamentales. “Si bien estamos enfocados en una persecución penal que sea cada vez más eficiente, eso no se puede hacer a cualquier precio, tienen que ser siempre respetando los derechos de las personas imputadas, presentando evidencia obtenida legítimamente, verdadera”.
Al recordarle al fiscal Roberto Garrido que su antecesor en el cargo, Cristian Paredes, planteó que no se podía exigir al Ministerio Público resolver un conflicto profundo y de muchos años, y que no tenía sólo una resolución de carácter judicial, dijo que en La Araucanía había un diagnóstico de la existencia de un fenómeno delictual con causas políticas y con una raíz histórica relevante, por lo que su solución definitiva requiere otras vías, diagnóstico que suscribe, dijo el fiscal Garrido, sin embargo, esto no lo lleva a desatender la persecución de los hechos criminales en este contexto.
Dijo que le gustaría que todas las personas que tienen visiones políticas las encaucen por los canales democráticos de la institucionalidad, “pero nunca nos vamos inhibir de cumplir con nuestra labor, que es la persecución de los delitos que se puedan cometer excediendo los marcos que permiten la convivencia pacífica en una sociedad democrática”.
3% DEL TOTAL
El fiscal dijo los delitos de violencia rural inciden en el trabajo de persecución global del Ministerio Público en La Araucanía, revelando que representan solo el 3% del total de los denunciados, sin embargo, obligan a este organismo a asignar el 25 % de su dotación, por lo que tienen que ser muy innovadores e imaginativos para indagar la gran mayoría de los otros, algunos con aumentos importantes, como los de violencia de género y los sexuales. Esto demuestra que la violencia rural no solo se limita a sus efectos inmediatos, “sino que también tiene un efecto en el funcionamiento del sistema en general en la región”.