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Fiscal regional destaca estrategia de persecución penal que logró notable baja de violencia rural

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Mediciones del Ministerio Público indican que delitos bajaron en un 50% en La Araucanía.

LA ARAUCANÍA.- Cifras más, cifras menos, es innegable que los hechos de violencia rural han tenido una fuerte disminución en La Araucanía, la cual -según indicó en Angol el fiscal regional Roberto Garrido Bedwell- ha bajado un 50% en relación al año anterior y más aún al comparar con el 2018, lo que se debe a una estrategia de persecución de los delitos, que incluye una mayor coordinación con las policías y haber conseguidos mejores herramientas forenses para sus laboratorios, y más recurso humano para la Fiscalía.

ANTERIOR DISCURSO

Al plantearle al fiscal Roberto Garrido que hace 4 años había un discurso público de las policías, gobierno y del Ministerio Público de que era muy difícil investigar los delitos en la ruralidad porque eran cometidos en la noche, en despoblados y por sorpresa, y al preguntarle qué cambió al poder ahora mostrar importantes resultados, dijo que estas condiciones siguen en este fenómeno criminal y que ese planteamiento fue para llamar la atención de los recursos necesarios para enfrentarlo, y que los resultados alcanzados son producto de una estrategia de persecución penal llevada adelante hace años, “que parte por trabajar no sólo mucho más coordinado con los policías, sino que también por instar a la mejora de la herramientas forenses con que cuentan los laboratorios, que es algo que se ha obtenido; también con el apoyo en términos de recursos humanos para la Fiscalía”.

A esto se suma -agregó Garrido- una mirada distinta del fenómeno, con mucho análisis y vinculando diferentes casos para determinar patrones de conductas, más el abordaje de otros delitos asociados para obtener recursos, como robos con intimidación, sustracción de madera y en general tráfico de drogas, “entonces esta mirada integral, de mejor coordinación con las policías y de una coordinación también interregional, creo que explica en parte los resultados” de imputación y condena, y alcanzar una mejor calidad de la prueba en las investigaciones.

Al consultarle si el apoyo del gobierno ha sido importante, Garrido dijo que el aporte de todos los órganos del Estado permite tener mejores resultados, mencionado SII, Aduanas e incluso Servicios de Salud.

LA DISMINUCIÓN

Así los hechos de violencia vinculados a las organizaciones criminales que operan en La Araucanía han tenido una notable disminución. “La disminución de los hechos de violencia, de acuerdo con las mediciones que hemos hecho en la Fiscalía, tanto en las policías, apuntan a una disminución del 50% en comparación con años anteriores, con el año anterior, y desde el 2018 a la fecha, donde la disminución ha sido mucho más notoria”.

COMPONENTE POLÍTICO

Al plantearle al fiscal que llama la atención su planteamiento de hace algunos años, de que el conflicto en La Araucanía no se resolvía sólo con la acción policial y judicial, sino también con una intervención política y de que hay reivindicaciones territoriales y de autonomías que hicieron recrudecer la violencia, y lo que plantea ahora de que las orgánicas radicales no tienen este componente, indicó “yo no aprecio la contradicción, más bien van en la misma línea desde mi punto de vista, una situación son los conflictos no resueltos del Estado con los pueblos originarios, que han tenido en los últimos años una canalización a través de vías institucionales, eso ha hecho que las orgánicas que operan hoy día en la macrozona sur, no sólo en la región de La Araucanía, carezcan totalmente de legitimidad, carezcan de planteamientos políticos, más que simplemente eslogan, y además nuestro trabajo ha demostrado de que se trata de organizaciones, agrupaciones de personas, que están más interesados en su bienestar económico que otras finalidades”.

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El fiscal regional se refirió también a varios otros temas relacionados con el trabajo que se realiza para enfrentar los delitos en la ruralidad.

Recordó que hace unos días la orgánica Weichán Auka Mapu, WAM, mediante un comunicado público, reconoció que algunos de sus miembros habían participado en delitos vinculados a robo con intimidación, homicidio y otros, lo que muestra que son organizaciones criminales, dijo.

“Eso demuestra que el trabajo realizado, la estrategia de persecución de estas organizaciones ha demostrado lo que realmente son, son organizaciones de personas que procuran obtener un beneficio económico y que además se benefician ellos directamente del conflicto, porque genera zonas o territorios donde pueden ejercer libremente sus acciones criminales y asegurar una mayor posibilidad de impunidad y además se ocultan detrás de estas otras demandas, que son perfectamente muy legítimas”, dijo Roberto Garrido.

¿Desarticulación total?

Al preguntarle al fiscal regional si la persecución penal puede terminar desarticulando las organizaciones que han cometido delitos en la ruralidad, dijo que no, porque los fenómenos criminales van cambiando y la Fiscalía tiene que adaptarse con rapidez para transmitir una sensación de mayor seguridad y para luchar contra la impunidad.

“Los fenómenos criminales tienen diferentes causas y que los explican, entonces no me atrevo a decir que vayan a desaparecer completamente, lo más probable es que empecemos a ver mutaciones del fenómeno, formas de organización distinta, apertura hacia otros mercados delictuales”, dijo el fiscal.

“No es sincero manifestar que estos fenómenos van desaparecer completamente y que vamos vivir una sociedad donde no se produzcan hechos de violencia”, agregó el fiscal regional.

Ley Antiterrorista

La Ley Antiterrorista vigente, por la forma como describía la conducta terrorista, hacia muy difícil acreditar los delitos de este tipo, ya que estos tienen una finalidad y la nueva normativa permite precisarla y  “por tanto va a facilitar, desde nuestro punto de vista, la posibilidad de acreditar esos hechos”, dijo Garrido, pero no se trata de hechos que sólo observándolos pueda calificarlos como terroristas, habiendo una diferencia entre la categorización que hace cualquier persona de una definición jurídica, por esto la Fiscalía requiere avanzar en la indagación de las personas involucradas y lograr antecedentes para acreditar los fines especiales de este ilícito.

La ley actual entrega escasa o nulas herramientas para investigar estos hechos, “lo que también se subsana en la nueva normativa, por lo tanto, es previsible que pueda tener mayores posibilidades de aplicación”, dijo Roberto Garrido.

Fiscales amenazados

Al preguntarle al fiscal regional si existen fiscales que están investigando organizaciones criminales o violencia rural en La Araucanía que han sido amenazados y que hoy están con protección, indicó “que todos los fiscales tienen un nivel de protección, pero hay algunos que tienen una protección reforzada en atención a situaciones particulares”.

“Hay varios fiscales que están en una situación especial de protección, pero la fiscalía regional y la fiscalía nacional han desarrollado una política de protección de todos los funcionarios que laboran en las oficinas del Ministerio Público, una protección que también llega a nuestros usuarios, la posibilidad de entregar condiciones de tranquilidad a los funcionarios del Ministerio Público es básica para el ejercicio correcto de la función que desarrollamos”, concluyó el fiscal regional.

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