Esto al conocer el informe de la Contraloría, que revela que, entre enero y diciembre de 2023, se detectaron 359 intervenciones quirúrgicas a parientes o funcionarios de este centro asistencial y de otros de la Red Malleco, éstas “en tiempos de espera inferiores al promedio”.
La sede de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Indh, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la situación de las listas de espera en el Hospital de Angol. Esta acción se apoya en la serie de anomalías que detectó un informe de la Contraloría Regional. Aquí se expone el acceso privilegiado a salud de funcionarios y parientes.
CASOS EN EL INFORME
El 29 de noviembre la Contraloría Regional publicó el Informe 554/2024. Este relata que un funcionario del hospital esperó un día para realizarse una cirugía bucal. En promedio, esta intervención demora 49 días. El pariente de otro funcionario se demoró 34 días para someterse a una cirugía vascular. En promedio hay que esperar 258 días para esa atención. Y otro pariente aguardó dos días para un procedimiento de oftalmología, cuando lo regular es tardarse un promedio de 176 días.
De este modo, el documento del ente contralor afirma que las “irregularidades detectadas se relacionan con que familiares o los propios funcionarios fueron intervenidos quirúrgicamente en tiempos de espera inferiores al promedio, en comparación con otros pacientes que aparecen en la lista de espera No GES”.
El informe sostiene que “se comprobó que entre enero y diciembre de 2023, se realizaron 3 mil 324 cirugías, de las cuales 359 fueron practicadas a parientes o funcionarios del Servicio de Salud de Angol y su red hospitalaria”. De modo que se concluye que los beneficiarios “tuvieron menor tiempo de espera para ingresar a pabellón que el promedio (…), sin que se advirtiera alguna circunstancia que permita fundamentar bajo qué criterios fueron categorizadas y priorizadas y/o la existencia de respaldos que acrediten esa decisión”.
VISIÓN DEL INDH
Los hechos que expone la Contraloría Regional pueden configurar, entre otros, el delito de cohecho, se indicó desde el Indh. Aquí se sanciona al empleado público que en razón de su cargo solicita o acepta un beneficio económico o de otra naturaleza, al cual no tiene derecho, para sí o para un tercero, señalaron desde este Instituto.
Son circunstancias extraordinariamente graves, no solo se deben determinar las responsabilidades administrativas, también la eventual responsabilidad penal, lo cual motivó a la sede del INDH a realizar la denuncia ante el Ministerio Público por situaciones que podrían corresponder a delitos, indicaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos en La Araucanía.