- El parlamentario por La Araucanía recordó que, en su administración anterior, el nuevo director nacional “congeló” literalmente la compra de tierras; lo que en la práctica llevó a un aumento en las tomas de terrenos y hechos de violencia.
- “¿Cuál es la señal que se da al pueblo mapuche con este nombramiento? ¿Que el Gobierno buscará paralizar la compra de tierras durante sus cuatro años de gestión?”, cuestionó.
- Además, el legislador señaló que espera que el nuevo director aclare las responsabilidades administrativas, en que cobros por deudas de compraventas dejadas sin efecto, la Conadi no los haya recuperado.
LA ARAUCANÍA.- El senador por La Araucanía Francisco Huenchumilla, se refirió al nombramiento del nuevo director nacional de la Conadi, Ignacio Malig, y consideró que su designación al mando del órgano público implica el regreso a “una receta equivocada”.
“ERROR” DEL GOBIERNO
En este sentido, el legislador explicó por qué, a su juicio, el nuevo nombramiento para dirigir la Conadi a nivel nacional es regresivo.
“En contacto con lo que me indican representantes del mundo mapuche, y sumado a mi propio conocimiento y juicio, es necesario señalar que el Gobierno está nombrando al mismo director nacional que bajo su anterior administración congeló la aplicación del Artículo 20b, deteniendo la compra y restitución de tierras mapuche en la práctica”, indicó el parlamentario.
El senador por La Araucanía recordó que “bajo dicha administración, se tomó la decisión política de traspasar los recursos a otros servicios y municipios; todo lo cual, clausuró la vía institucional para avanzar en la dimensión territorial de este conflicto que es centenario, donde el Estado de Chile fue quien vino y despojó al pueblo mapuche de sus tierras; proceso que, con sus virtudes y defectos, y aunque avanza lento, fue retomado por el gobierno anterior”.
SEMBRÓ INQUIETUD
Para el parlamentario, “la congelación de la compra y entrega de tierras a través del Artículo 20b sembró inquietud y una sensación de injusticia. Con la compra de tierras detenida, fue así como surgieron banderazos, ocupaciones de terrenos, y los lamentables hechos de violencia. Violencia que es inaceptable en democracia, pero que no surge por generación espontánea”, recalcó.
“A la luz de dichos resultados, detener la compra de tierras fue un error del Gobierno de turno en esa época. Y ahora, este Gobierno vuelve sobre una receta equivocada”, subrayó.
Por otra parte, el senador apuntó a la necesidad de “esclarecer las responsabilidades administrativas que puedan existir en el hecho que, en un proceso de cobro judicial, se decretó el abandono del procedimiento, en el cobro de un precio respecto de una compraventa con un agricultor que no ha devuelto las platas; y que debería hacerlo, en atención a que dicha compraventa quedó sin efecto. Ahí hay recursos fiscales comprometidos, y es fundamental entonces que se establezcan todas las responsabilidades pertinentes”.
El parlamentario envió entonces un mensaje al Gobierno: “¿Cuál es la señal que se da al pueblo mapuche con este nombramiento? ¿Que el Gobierno buscará paralizar la compra de tierras durante sus cuatro años de gestión? Yo hago un llamado a las nuevas autoridades, porque más allá de la impronta política que quieran dar, la Conadi tiene un mandato legal que debe cumplirse”.
GESTIÓN Y SALIDA
Por último, el senador abordó la salida del ex director de la Conadi, Álvaro Morales Marileo. “El Ejecutivo concurrió a la Cámara de Diputados, y en una comisión, sostuvieron que el anterior director nacional fue removido por haber emitido muchas aplicabilidades”, explicó el legislador.
Al respecto, el senador comentó: “Nosotros nos vemos en la obligación de discrepar al respecto, porque lo que se hizo en Conadi en estos cuatro años no fue otra cosa que dar cumplimiento a la Ley 19.253, poniendo al día la emisión de aplicabilidades que estaban en trámite desde 1997 inclusive. En el propio estatuto administrativo de la Conadi, se sostiene que existirán sanciones para los funcionarios que sometan los trámites a dilación indebida”.
“La Ley Indígena está plenamente vigente, y por lo tanto, tiene que ser cumplida para que funcione el Estado de derecho. Y no puede paralizarse una ley por voluntad política del Gobierno de turno”, concluyó el senador.