Revuelo causaron potenciales recortes que se solicitaron en materias como Educación (incluyendo el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb), seguridad, discapacidad o salud primaria. También criticó al Gobierno por “querer desactivar” a la Conadi en restitución de tierras.
LA ARAUCANÍA.- El senador Francisco Huenchumilla planteó su preocupación y rechazó las “recomendaciones” efectuadas por el Ministerio de Hacienda a las demás carteras, sobre descontinuar el financiamiento a distintos programas sociales en la preparación del Presupuesto 2027.
El legislador se refirió a distintos ámbitos que se verían afectados, en Educación, Seguridad, Salud y Desarrollo Social, y como senador por La Araucanía mostró dudas por lo que consideró un golpe a la “línea de flotación” de la Conadi y su mandato legal de restitución de tierras, que Hacienda solicita de plano descontinuar.
SITUACIÓN GENERAL
El congresista indicó que ya hubo una rebaja del 3% para todas las carteras, salvo excepciones, pero no conforme con eso el Gobierno ya comenzó a instruir, para cada ministerio, qué políticas o programas deben adaptarse en la preparación del Presupuesto 2027; “de eso se trata la circular 16 que liberó el viernes el Ministerio de Hacienda, y que contiene anexos con ‘recomendaciones’ para cada ministerio: mantener programas sin observaciones, ajustar gasto en algunos, o simplemente descontinuar otros, cuando elaboren sus propuestas de presupuesto 2027”, explicó.
Estas “recomendaciones” se nombran como sugerencias, “pero en el fondo Hacienda lo que hace es instruir, pedir, qué deben ajustar y qué deben eliminar”.
Huenchumilla enumeró que “entre las políticas o programas que Hacienda pide descontinuar hay aspectos tan preocupantes como la ‘recomendación’ de cierre del Programa de Alimentación Escolar, dependiente de Junaeb; descontinuar el Programa contra el Crimen Organizado y Calles Sin Violencia; descontinuar programas del Servicio Nacional de la Discapacidad o iniciativas de acompañamiento en salud primaria”.
Luego, cuestionó el fondo de los anuncios: “uno se pregunta legítimamente cuánto hay de necesidad, y cuánto hay de ideología en estas medidas. Porque aquí lo que prima, lo que vuelve, es la lógica neoliberal. Volvemos al mercado, que según algunos, lo resuelve todo; el individuo debe arreglárselas solo, importando poco su situación o circunstancias; y el Estado, de a poco es desprovisto de sus recursos, para luego acusarlo de mal funcionamiento”, planteó.
CASO CONADI
Sobre la Conadi, aclaró que dado el recorte de 3% que el Presidente Kast instruyó para cada ministerio ya se retiran este año poco más de $7 mil millones del Fondo de Tierras y Aguas y ahora, con la Circular 16 de Hacienda, sus recomendaciones piden rebajar unos $80 mil millones a Mideso, de los cuales aproximadamente dos tercios “son siempre de la Conadi”.
Hay programas de Conadi donde se propone ajuste, como el Subsidio para la Adquisición de Derechos de Agua, o la Educación Intercultural Indígena, pero “lo más negativo, es que se pide descontinuar el Fondo de Tierras y Aguas 20 A y 20 B, por $67 mil millones. Esto es netamente adquisición de tierras”, dijo.
“La compra de tierras, uno de los principales mandatos de la Conadi, es su razón de existir. Esto es como querer desactivarla (…) el Gobierno muestra sus cartas. Esto da una idea de cuál es su intención con Conadi, porque estas recomendaciones la desactivan, pero sin eliminarla. Hay leyes vigentes, un mandato que tiene el organismo, y por eso el Gobierno no elimina el instrumento; pero le quita los recursos, lo que tiene un efecto muy parecido”, señaló.
DEUDA HISTÓRICA
Esto desconoce la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche y se vuelve a la política indígena como problema de simple rezago económico, que se soluciona con fomento productivo, lo que no es así.
Este es un golpe a la línea de flotación de Conadi, organismo que nace de un acuerdo político para reconocer que el Estado tiene una deuda histórica de despojo al pueblo mapuche, “cuya solución pasa necesariamente, y con toda justicia, por la compra de tierras”, dijo el senador.
Aquí se vulnera el Convenio 169, los estándares internacionales que Chile debe cumplir; “es como dejar la política indígena del país sin bencina”.