Esta semana fue allanado el domicilio del persecutor, enfrentado con su superior jerárquico, el suspendido Emiliano Arias. Este decomiso encendió las alarmas en el Ministerio Público, puesto que podría ser utilizada por los magistrados a su favor.
En el allanamiento realizado el miércoles por la PDI en la casa del fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, se constató que el persecutor mantenía celulares, discos duros y carpetas de investigación vinculadas con la causa por presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de la capital de la Región de O’Higgins.
La diligencia intrusiva tuvo lugar luego de que, en el marco del enfrentamiento que mantiene con su superior jerárquico, el actualmente suspendido fiscal regional Emiliano Arias, este último denunciara que Moya estaría vinculado a la Operación Huracán.
Aquello después de que primero Moya denunciara a Arias por tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y otros ilícitos vinculados a irregularidades en la Fiscalía Regional de O’Higgins.
En este marco, de acuerdo con La Tercera, fuentes policiales revelaron que en el allanamiento al domicilio del fiscal, ubicado en Rancagua, la PDI incautó 12 celulares, un set de evidencias y los dos discos duros de los jueces Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, investigados por presunta corrupción, evidencias que tendrían que haber estado en poder de la Fiscalía.
Según el matutino, este hecho encendió las alarmas en el Ministerio Público, puesto que si estas evidencias no estaban bajo la cadena de custodia correspondiente existe la probabilidad de que el contenido de los dispositivos que guardaba Moya no pueda ser utilizado en la indagatoria contra los magistrados, e incluso la situación pueda ser usada a favor por las defensas de los jueces.
La versión de Moya
Mediante un escrito, Moya explicó al Juzgado de Garantía de Rancagua que los teléfonos correspondían a los abogados que tenían vínculos con los jueces investigados, y apuntó que esas evidencias estaban en su casa debido a que ese mismo día planeaba llevarlas a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, donde tenía previsto, al menos hasta el día del allanamiento, que funcionara su nueva oficina.
La diligencia fue instruida por un juzgado de Temuco, a solicitud del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma -a cargo del caso Huracán-, luego del correo electrónico que entregó Arias durante su declaración ante su homólogo Eugenio Campos, quien lleva la arista penal de la denuncia de Moya en su contra por presunto tráfico de influencias y develación de secreto de causas penales.
Esta semana, luego del allanamiento, el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió quitarle a la Fiscalía de O’Higgins varias causas que investigaba e instruyó a Moya a volver a sus funciones como fiscal de Alta Complejidad.