Delegado presidencial confirmó la regularización de la deuda de tres meses, garantizando la continuidad del suministro de agua potable en sectores rurales.
El parlamentario advirtió que el vencimiento de los plazos de adecuación fijados para la ley, encuentran a los APR sin la capacidad real de implementar los estándares exigidos. “El Estado está al debe respecto de esta transición”, planteó.
El parlamentario por La Araucanía recordó que, en su administración anterior, el nuevo director nacional “congeló” literalmente la compra de tierras; lo que en la práctica llevó a un aumento en las tomas de terrenos y hechos de violencia.
Gracias a una inversión de más de 4.327 millones de pesos del Gobierno de La Araucanía, el proyecto beneficiará a familias de Pailacoyan, Rucatraro y Coyanco.
Se busca empoderar a mujeres, pequeños agricultores y comunidades indígenas, brindándoles las herramientas y conocimientos para prosperar en la era digital.
Junto con esta investigación, se comprometió a realizar una auditoría al año para asegurar la “transparencia y prioridad respecto de lo pasado, y la transparencia y prioridad respecto de lo futuro”. También se instruyeron sumarios a 11 funcionarios.
