El parlamentario advirtió que el vencimiento de los plazos de adecuación fijados para la ley, encuentran a los APR sin la capacidad real de implementar los estándares exigidos. “El Estado está al debe respecto de esta transición”, planteó.
El parlamentario por La Araucanía recordó que, en su administración anterior, el nuevo director nacional “congeló” literalmente la compra de tierras; lo que en la práctica llevó a un aumento en las tomas de terrenos y hechos de violencia.
Tras el retiro de trámite de toma de razón, para 43 decretos ambientales –entre ellos, el primer plan de descontaminación de un cuerpo de agua en el país– se generó alarma en la comunidad. “Debió explicarse de inmediato que es un proceso de revisión, y no un retiro permanente”, dijo el parlamentario.
Desde el año 2018, la sanitaria mantiene un convenio con el voluntariado, para recaudar mediante la boleta de servicio, aportes para apoyar la labor de Bomberos.
El legislador relevó el trabajo realizado por el INE, y que a su juicio “se logró con creces”, dado que aplicar el censo a integrantes de pueblos originarios requiere de toda una preparación con “pertinencia cultural”.
Destacó que uno de los datos arrojados por el Censo, es que en los pueblos originarios a nivel nacional hay un patrimonio lingüístico plenamente vigente, “una riqueza lingüística que sigue viva, y que debemos cuidar”.
Sin embargo, también destacó algunas brechas que afectan a los pueblos originarios en comparación con el resto de las personas, en materias como escolaridad, educación, vivienda o empleo. “Superarlas es un desafío para el Estado”, señaló.
Existen $79 mil millones sin rendición; tras entregar antecedentes en Fiscalía, el gobernador regional, René Saffirio, advirtió que las irregularidades detectadas responden a un “crimen organizado” con diversos involucrados.
Por una unanimidad el pleno del Consejo aprobó la iniciativa que busca orientar, a través de políticas públicas, el desarrollo económico y productivo de la Región de La Araucanía.
Gracias a una inversión de más de 4.327 millones de pesos del Gobierno de La Araucanía, el proyecto beneficiará a familias de Pailacoyan, Rucatraro y Coyanco.
